En el intento por salvar su industria, Alemania, Italia y Francia se han unido: "La prohibición de los motores de combustión ya es historia"

Alemania y Francia han acordado impulsar una relajación de las exigencias europeas de emisiones para mantener la venta de coches con motor de combustión después de 2035. A cambio, plantean favorecer la fabricación dentro de la Unión Europea, con condiciones sobre el origen de los componentes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el pacto tras una reunión del Consejo Europeo. Italia ya había manifestado que respaldaría medidas en esta dirección, pero el entendimiento entre gobiernos no equivale a una modificación de la normativa: todavía necesita apoyos y tramitación europea.

Qué cambiaría para los motores de combustión

La propuesta parte de otro acuerdo alcanzado en diciembre de 2025, también pendiente de formalización según la información facilitada. Ese planteamiento rebajaría al 90% la reducción de emisiones exigida para 2035 y permitiría determinadas opciones de combustión, con la obligación de compensar el 10% restante mediante combustibles considerados limpios.

Alemania y Francia quieren eliminar esa compensación. Si prospera su planteamiento, podrían venderse coches de combustión que utilicen combustibles convencionales, aunque eso no significa que desaparezcan todas las exigencias de emisiones.

La iniciativa llega después de otra flexibilización para los fabricantes. El límite de emisiones medias de 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro se mantuvo, pero su cumplimiento pasó a calcularse sobre los vehículos vendidos entre 2025 y 2027, en lugar de hacerlo únicamente sobre 2025.

Un sello europeo para orientar las ayudas

La contrapartida industrial sería una etiqueta de fabricación europea. Para obtenerla, el 70% de los componentes del coche, excluida la batería, tendría que fabricarse dentro de la UE; además, el 10% de la batería debería proceder de fuentes europeas.

Ese sello serviría para determinar qué vehículos pueden recibir ayudas a la compra. También podría vincularse a la categoría propuesta eCar, pensada para abaratar los eléctricos urbanos mediante requisitos específicos, incluidos menores compromisos en materia de seguridad. Ni la categoría ni sus condiciones deben darse por aprobadas.

Para los compradores, las posibles consecuencias afectan tanto a los motores disponibles después de 2035 como al acceso a subvenciones. Pero el resultado sigue abierto: el cambio necesitaría el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados miembros que representen el 65% de la población, además de superar la tramitación en la Eurocámara. España se ha mantenido favorable a conservar las exigencias medioambientales.